Copiar y pegar

Las nuevas tecnologías avanzan a una velocidad que no permite apenas vislumbrar las señales de Stop. Internet se ha convertido en el mayor distribuidor de cultura en tan sólo una década y se enfrenta a los modelos de negocio establecidos por las grandes empresas discográficas, editoriales e informáticas. La cultura es el gran motor que impulsa el avance de una sociedad, sin embargo, está sometida a los cánones de la propiedad intelectual que impide el alcance de todos y que, en muchas ocasiones, responde a intereses privados.

La cultura de la propiedad, de la pertenencia o de cualquier otro sinónimo que identifique un objeto como capital de un tercero viene muy de lejos. Las tribus indígenas todavía hoy respetan sus territorios, sus dotes, su cultura, evitando cualquier intromisión ajena a la edad de piedra. La expansión del Tu, Su, Nuestro… vino de la mano del capitalismo, introduciendo la propiedad, el valor de mercado, la inflación y el “derecho a”. La producción en serie, las patentes, los derechos de explotación son conceptos necesarios para el desarrollo de un sistema económico en el que la originalidad y lo inédito debe estar registrado a nombre propio.

Esta idea, que ha evolucionado de manera similar en los países desarrollados, ha dado lugar a la aparición de leyes que permiten la protección de bienes, materiales o no, y a sus autores. Hablamos de la Propiedad Intelectual.

Esta norma, que a lo largo de los años ha sido objeto de modificaciones y adaptaciones a medida que el sistema económico avanzaba, es la que se encarga de proteger los derechos de los autores y de las obras que estos generan. Esta es la visión que el modelo de la propiedad ha reflejado en todo lo que le rodea. Sin embargo, no siempre se ha tenido en cuenta el otro lado del espejo, quizás porque siempre ha estado contra la pared. Derribando el muro, encontramos a la doctrina jurídica española que nos habla de la función social intrínseca a esta ley, del derecho a la cultura, a la información, que apenas aparecen de la mano cuando la propiedad es lo que impera. Según David Bravo, abogado malagueño especialista en Propiedad Intelectual, esta ley “ está integrada no solo por el provecho de su titular, sino que está llamada a cumplir una función social. El derecho a la copia privada, a la cita o a la parodia, no son más que reflejos del cumplimiento de ese mandato constitucional”.

Una interpretación de la ley que, aparentemente, ya no tiene una apariencia totalmente proteccionista sobre bienes con capacidad para ser explotados económicamente. La función social que se desprende de la norma es el derecho a la cultura, a su acceso y al enriquecimiento de la sociedad, entendido como forma para lograr el avance y la prosperidad de una comunidad.

La entrada en juego de Internet en este contexto no ha sido inocua y empieza a esbozar serias dudas sobre el planteamiento de la propiedad. La protección de los derechos de autor se hace más enrevesada porque ya no hay un bien físico o soporte en el que se presenta la obra, ahora solo hay ceros y unos con una capacidad de reproducción teóricamente ilimitada. Incluso yendo más allá, permite la modificación y mejora de los bienes protegidos. Un ejemplo: el interés por el bricolaje nos ha llevado a utilizar más de una vez un martillo. Por desgracia, del uso y del interés por derribar el muro que queda detrás del espejo, se rompe y lo arreglamos con una sujeción más firme, cómoda y ligera. De esta manera queda como resultado un martillo perfecto, mejorado y que superaría a cualquier otro en el mercado. ¿Por qué no explicar cómo hacerlo?

Esta es la idea que se le pasó por la cabeza a Richard Matthew Stallman, fundador de la Free Software Fundation y del movimiento de software libre. La posibilidad de mejorar un bien creado en búsqueda del bien común, lo que en el entorno se conoce como el “procomún”. El problema se encuentra en que la modificación del software privativo no lo permite ya que evidentemente todos sus derechos se encuentran protegidos por copyright. Con un original juego de palabras surge lo que se conoce como copyleft, un complemento a la protección estadounidense. Copia izquierda , o permitida la copia , esa es la idea básica entorno a la cual gira todo bien cultural que se desee dejar abierto al uso colectivo, en búsqueda del procomún de la sociedad.

Es así como se inicia el primer proyecto de licencia libre conocido como GNU/GPL (General Public License) a mediados de los años 80, con el que se pretende proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Uno de los sistemas operativos de ordenadores más conocidos en el entorno libre, Linux, fue el primero en adoptar este tipo de licencias desde sus inicios, basadas en cuatro libertades: uso, modificación, redistribución y mejora. De esta manera se permitía la aportación de todos en la búsqueda de un sistema capaz de mejorar y adaptarse a las necesidades existentes continuamente, y todo bajo una distribución con un coste prácticamente cercano a cero gracias a Internet.

Fuera del contexto informático, la música, los libros, incluso los weblogs y textos periodísticos también tienen su cabida en el mundo de las licencias libres. Licencias que permiten la distribución libre de la cultura en favor de la comunidad, del desarrollo social y de la libertad de expresión.

Una de las iniciativas más conocidas en este ámbito es la que ha desarrollado Creative Commons, presidida por Lawrence Lessig, profesor de derecho en la Universidad de Standford. Esta ONG sin ánimo de lucro se inspiró en las GPL de Stallman para desarrollar un tipo de licencias que permitiese a los autores controlar sus derechos e incluso “permitir” algunos de ellos a los usuarios, favoreciendo el dominio público.

La Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 1 especifica que “ La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación” . Y ese es el primer criterio para funcionar bajo estas licencias: el reconocimiento del autor de la obra. Además, para asegurar este derecho, los autores deben registrar sus creaciones en el Registro General de la Propiedad Intelectual, como en cualquier otra situación. Las licencias CC, como se conocen, están sujetas al ámbito jurídico en la que se aplican, con lo que se adaptan a cada ley de propiedad intelectual en cada país. En el caso de España, la adopción de estas licencias se debe al trabajo de la Universidad de Barcelona, que por el año 2003 buscaba un sistema a través del cual poder publicar material docente. Además, la adaptación de las normas a cada legislación se llevó a cabo a través del desarrollo del proyecto ICommons, en el que participaron foros de discusión y debate de países como Brasil, Finlandia o Japón.

Estas licencias se pueden aplicar a cualquier tipo de obra (texto, video, música, imagen, interactivos) y debe haber siempre una referencia a ella en el trabajo, donde se recoja la información básica que necesiten los usuarios para entender su contenido y el uso que puedan tener sobre el material. Esto se debe a que el desarrollo completo de la licencia se encuentra en la Web de Creative Commons. En cualquier caso, estas licencias permiten la elección del autor sobre el uso y distribución que delega en los usuarios, con la condición de que siempre se reconozca la autoría. Entre los derechos, se encuentran recogidos el de copia, redistribución, realizar obras derivadas o permitir el uso comercial de la misma, así como cualquier combinación entre ellos siempre que no exista contradicción entre las mismas ni con la legislación vigente de cada país.

Obras y títulos que funcionan bajo estas normas se cuentan por centenares tan sólo 3 años después de que se implantaran en España. El diario gratuito 20 Minutos está bajo este tipo de licencias, permitiendo la copia, la distribución, su ejecución pública y la obra derivada, siempre bajo el reconocimiento de su autor.

En el ámbito musical ocurre lo mismo. Grupos de música que quieren darse a conocer, difundir su música o incluso cederla para generar nuevas obras inspiradas en sus letras.

Aquí se da una contradicción debido a que las entidades de gestión están facultadas para recaudar ciertos derechos de autor en la emisión pública de las obras. Según comenta María Concepción Cagide, abogada colaboradora del proyecto Infoautores y del manual Copyleft, “la Ley de Propiedad Intelectual justifica esos poderes, al imponer que algunos derechos de explotación sean objeto de gestión colectiva obligatoria a través, precisa y exclusivamente, de una entidad de gestión”.

Entre esos derechos también se encuentra la polémica remuneración por copia privada (el canon que se paga por cada CD virgen).

Si las entidades de gestión (como la SGAE) reciben ingresos por estos conceptos, en los casos de música libre bajo licencias CC o GPL, también. Lo cual resulta contradictorio, ya que están percibiendo derechos de autor de grupos que no están asociados a ellas. David Bravo comenta en su libro “Copia este libro” (bajo licencia CC) que hay empresas estampadoras de discos de música que exigen el pago de canon por copias de grupos que no están asociados a ninguna entidad de gestión, por miedo a las demandas de éstas. Situación que se ha llegado a repetir en estudios de grabación, en la que los propios grupos han tenido que presentar un justificante de la entidad de gestión para demostrar que no están asociados a ninguna.

Iniciativas como musicalibre.info permite a través de la Web compartir y dar a conocer a los miles de artistas que no tienen cabida en las grandes discográficas ni en las radio fórmulas convencionales. Son asociaciones que intentan evitar la homogeneización de contenidos musicales aumentando la oferta libre de música por Internet.

Resulta necesario aclarar que un material bajo licencia libre no conlleva que sea un producto gratuito. Existen distribuciones del sistema Linux por las que hay que pagar por su difusión (quioscos, grandes almacenes etc.) de ahí que Internet abarate su distribución, ya que tan sólo consiste en copiar y pegar de un ordenador a otro a través de Internet.

Libertad de puertas hacia dentro

El artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual abre el capítulo dos referente a sus límites: el derecho a la copia privada, el primero. Su apartado dos es el que más polémica ha suscitado ya que permite “ la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25”[…]

Esta compensación equitativa es el conocido y polémico canon que se aplica a los soportes de copia (CD, casete, equipos de música etc.) para compensar los derechos de propiedad intelectual que los autores dejan de percibir por estas reproducciones, según apunta la ley.

Este artículo 31.2 deja bien claro, según Bravo, que mientras una copia sea para uso privado, sin hacer un uso colectivo ni lucrativo, es totalmente lícita. De esta manera, cualquier persona puede realizar copias de un material que genere derechos de autor, independientemente de que tenga la obra original. Este supuesto, además, es el que permite realizar copias de discos, por ejemplo, para el coche, la casa del pueblo o de la playa.

La piratería, a la que se hace continuamente referencia no lo es en este caso. La confusión viene de la mano de las descargas de Internet y de las redes de intercambio. Según las entidades de gestión, éstas son ilegales ya que entienden que existe una comunicación pública; para el abogado malagueño, las transacciones se realizan de persona a persona, por lo que sería lo mismo que un vecino te prestase un disco o cualquier otro supuesto que contemple el derecho a la copia privada.

El 2 de noviembre de este mismo año, la juez de lo Penal nº 3 de Santander, Paz Aldecoa, absolvió a un internauta que descargaba y compartía música en Internet al entender que no existía ánimo de lucro. Además, la juez argumentó en su sentencia que considerar delito tal práctica “implicaría la criminalización de comportamientos socialmente admitidos” . Esta interpretación concuerda con la función social a la que hace referencia la propia ley, el acceso a la cultura y el descubrimiento de nuevos cauces hacia el conocimiento personal.

Además, la copia privada no se entendería como piratería, ya que el pago del canon implica el derecho a ella. En definitiva, una sentencia que ha marcado jurisprudencia en un tema controvertido en el que las soluciones apuntan a una adaptación tanto de la ley como del modelo de negocio en el que se desarrolla la industria cultural.

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Sobre mi

Autor: Bruno Ramos Lara. Periodista, redactor SEO web, fotógrafía digital y maquetación • Curioso y emprendedor digital

Publicado en: Reportajes

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